Una reflexión sobre la responsabilidad de decidir, la importancia de planificar y el desafío de transformar los recursos públicos en resultados para la ciudadanía.

A lo largo de mi trayectoria profesional tuve la oportunidad de conocer el Estado desde dos lugares que, aunque parecen diferentes, están profundamente relacionados: el control de la administración pública y la responsabilidad de participar directamente en su gestión.

Esa experiencia me permitió comprender algo que considero fundamental: para mejorar el funcionamiento del Estado no alcanza con controlar cómo se utilizan los recursos. También es necesario preguntarnos qué resultados estamos logrando con ellos.

Durante muchos años trabajé desde una perspectiva vinculada al control, la normativa y la administración financiera pública. Allí aprendí que la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas son condiciones indispensables para cualquier gestión responsable.

El control nos permite identificar desvíos, prevenir irregularidades y proteger los recursos que pertenecen a toda la sociedad. Pero también nos enseña a reconocer problemas que se repiten: procedimientos que se vuelven más importantes que sus objetivos, decisiones que no siempre están articuladas y estructuras administrativas que muchas veces funcionan de manera fragmentada.

Con el tiempo, mi recorrido profesional me llevó a participar desde otro lugar: el de la ejecución, donde las decisiones deben traducirse en acciones concretas, en tiempos determinados y con recursos que siempre son limitados.

Y allí aparece una dimensión diferente de la responsabilidad pública.

Porque gestionar implica decidir. Decidir qué hacer primero, cómo asignar recursos, qué necesidades atender, cómo coordinar equipos y de qué manera responder frente a situaciones que no siempre pueden esperar los tiempos administrativos.

Desde afuera de la ejecución es posible identificar lo que debería mejorarse. Desde adentro, además, hay que construir las condiciones para que esa mejora suceda.

Ambas miradas son necesarias. Ninguna, por sí sola, es suficiente.

El desafío de pasar del cumplimiento a los resultados

En la administración pública solemos dedicar una enorme cantidad de tiempo a verificar procedimientos, ejecutar partidas presupuestarias y cumplir requisitos formales.

Todo eso es necesario. Sin embargo, debemos evitar que se convierta en el único parámetro para evaluar una gestión.

Un presupuesto ejecutado no necesariamente significa que un problema público fue resuelto. Una actividad realizada no siempre representa una mejora en la vida de las personas. Y una decisión administrativamente correcta puede resultar insuficiente si no responde a una necesidad concreta.

Por eso considero que debemos fortalecer una forma de gestión que vincule tres dimensiones inseparables: planificación, presupuesto y monitoreo de resultados.

Planificar significa definir hacia dónde queremos ir. Presupuestar implica asignar los recursos necesarios para hacerlo posible. Monitorear supone verificar si estamos avanzando y contar con información para corregir lo que no funciona.

Cuando esas dimensiones se encuentran desconectadas, el Estado corre el riesgo de administrar esfuerzos sin conocer suficientemente sus efectos.

Cuando se integran, en cambio, los recursos públicos pueden convertirse en herramientas de transformación.

Una mirada integral del Estado

Otro aprendizaje importante de mi experiencia es que los problemas públicos rara vez coinciden con los límites administrativos de un ministerio.

La realidad de una familia, de una comunidad o de una región no está dividida en áreas de gobierno.

Las dificultades de acceso a la salud pueden relacionarse con el transporte, la educación, la vivienda, el empleo o las condiciones sociales de un territorio. Lo mismo ocurre con las políticas destinadas a la niñez, las mujeres, las personas mayores o la prevención de situaciones de vulnerabilidad.

La ciudadanía no vive sus necesidades de manera fragmentada. Y el Estado tampoco debería responder de esa manera.

Esta convicción me llevó a profundizar en el diseño de herramientas que permitan vincular políticas, organismos, recursos y resultados, entre ellas una propuesta metodológica que denomino Presupuesto Espejo.

Su propósito es contribuir a identificar cómo intervienen distintas áreas del Estado sobre una misma problemática, qué recursos destinan, dónde existen superposiciones y qué resultados se espera alcanzar.

No se trata simplemente de modificar una herramienta presupuestaria. Se trata de avanzar hacia una lógica de gestión más articulada, transparente y orientada a las personas.

Conducir también es construir capacidades

Las transformaciones institucionales no ocurren únicamente porque se apruebe una norma, se diseñe una metodología o se incorpore una tecnología.

Necesitan equipos, liderazgo, formación, diálogo y decisiones sostenidas en el tiempo.

También requieren comprender que el conocimiento técnico debe estar al servicio de una orientación política clara: definir prioridades públicas y construir las condiciones para alcanzarlas.

La política establece el rumbo. La gestión debe contar con las capacidades necesarias para convertir ese rumbo en acciones y resultados verificables.

Por eso creo en un Estado que pueda escuchar, anticiparse, coordinar y evaluar. Un Estado que no pierda de vista las particularidades de cada territorio y que reconozca que las respuestas públicas deben construirse de manera integrada.

Dos miradas, una misma responsabilidad

Haber transitado el control y la ejecución no me llevó a elegir una perspectiva por encima de la otra.

Me permitió comprender que son complementarias.

El control aporta garantías, transparencia y responsabilidad. La ejecución aporta conocimiento de la realidad, capacidad de respuesta y experiencia sobre las dificultades concretas de gestionar.

Pero ambas necesitan una visión estratégica que las conecte con el propósito final de la acción pública.

Después de años de experiencia, estudio y trabajo en diferentes ámbitos del Estado, hay una idea que reafirmo cada vez con mayor convicción:

No alcanza con administrar correctamente los recursos públicos. Tenemos la responsabilidad de demostrar qué estamos logrando con ellos.

Porque, en definitiva, la calidad de una gestión no debería medirse solamente por lo que hace el Estado, sino por aquello que consigue transformar en la vida de las personas.

Y ese es, para mí, uno de los grandes desafíos de la gestión pública que necesitamos construir.

Sabrina Serer
Contadora Pública | Especialista en Gestión Pública para Resultados y Administración Financiera Pública
Autora de Diseño y monitoreo de las políticas públicas en el marco de la Gestión para Resultados.