Por Sabrina Serer
La reciente polémica en torno a los créditos preferenciales del Banco Nación para funcionarios públicos no es una anécdota de la coyuntura: es un síntoma estructural de cómo funciona —o debería funcionar— el Estado argentino.
El Estado como empleador diferenciado
Cuando una institución pública ofrece condiciones de acceso al crédito que no están disponibles para el conjunto de la ciudadanía, está ejerciendo una forma de redistribución inversa: destina recursos o privilegios hacia quienes ya tienen estabilidad laboral garantizada, en lugar de priorizar a quienes más necesitan apoyo financiero.
No se trata de negar al Estado el rol de empleador. Se trata de preguntarse qué modelo de Estado queremos construir: uno que cuide a sus trabajadores de manera equitativa, o uno que reproduzca adentro las desigualdades que dice combatir afuera.
La gobernanza como espejo
Desde la perspectiva del Modelo de Gobernanza Integrada (MGI), este tipo de situaciones revela algo más profundo: la ausencia de criterios claros de equidad interna en la gestión pública. Sin marcos que orienten las decisiones hacia la coherencia institucional, cada área del Estado termina operando según su propia lógica, a veces en contradicción con los principios que el propio Estado proclama.
El desafío no es solo normativo —cambiar una reglamentación— sino cultural: construir organizaciones públicas que practiquen adentro lo que predican afuera.
¿Cómo diseñar políticas internas que sean coherentes con los valores del Estado que queremos? Eso es exactamente lo que trabajamos en la Academia de Gestión Pública.